No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP). En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de privatización de servicios públicos en los que existe un role continuo y limitado del sector público.  El rango de los acuerdos que son usualmente clasificados como proyectos de APP están ilustrados en más detalle en Contratos de asociaciones público-privadas y Tipos de acuerdos de APP. Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de una Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, vea Leyes de Asociaciones Público-Privadas por País, y cada uno lo hace de manera que esta definición se adecue a sus instituciones y las particularidades de su legislación. Para muestra de leyes, visite Leyes y Regulación de las Asociaciones Público-Privadas. En algunas jurisdicciones, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como una concesión,  el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo tanto asume el riesgo del consumidor final. En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital.

La infraestructura pública impacta la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, desde el agua que se consume, hasta las carreteras que se usan en el día a día. Lo anterior permite el desarrollo económico y social de una región, vías en adecuado estado facilitan el movimiento de personas y bienes; sistemas eficientes de transporte público incrementan la productividad; la calidad en los colegios y universidades públicas garantizan mejores resultados en el aumento de la productividad del capital humano; guarderías, centros comunitarios y recreacionales proveen los servicios sociales que las familias y trabajadores necesitan y ayudan, por ende, a crear una sensación de comunidad y pertenencia. Infortunadamente, la infraestructura pública en Colombia es una tarea pendiente. En nuestro país, como en la mayoría de países en vías de desarrollo, los gobiernos no cuentan con los recursos suficientes para proveer nuevas infraestructuras al ritmo de las necesidades. Los requerimientos en infraestructura para cumplir con los objetivos del milenio de Naciones Unidas y sus propios planes de desarrollo son importantes. El nivel actual de inversión en infraestructura (tan solo 2.9% del PIB en promedio en los años 2007-2010), es claramente insuficiente si se le compara con los niveles en las economías asiáticas, en los cuales se invierte anualmente cifras superiores al 10% del PIB. 

Más que elaborar y entregar especificaciones técnicas sobre materiales, métodos y/o acabados de los activos o servicios que deben ser entregados, el socio público en una APP debe especificar sus requerimientos y necesidades en términos de calidad y niveles del servicio que dicho activo debe proporcionar. El socio privado debe entonces adelantar los procesos que estime necesarios para entregar los activos y/o servicios, en condiciones que cumplan con lo establecido por la entidad pública. Bajo un modelo de APP, en el cual el socio privado asume la responsabilidad, no solo de diseñar y construir, sino también de mantener y operar el activo en el largo plazo, el sector privado debe garantizar el desempeño del activo y alcanzar los requerimientos de disponibilidad y servicio establecidos por el sector público. En consecuencia, el equipo del sector privado responsable por los servicios de operación y mantenimiento debe trabajar conjuntamente con los equipos de diseño y construcción para asegurar que las decisiones tomadas con respecto a los materiales utilizados les van a permitir cumplir con sus obligaciones a través del tiempo. Adicionalmente, bajo una APP la entidad pública realiza el contrato con una sola entidad, o más específicamente un consorcio de compañías, que es responsable por ensamblar equipos de trabajo compuestos por especialistas de las diferentes disciplinas necesarias para las diferentes etapas (diseño, construcción, mantenimiento, etc.). Para realizarlo bajo la obra pública tradicional, el sector público usualmente contrata separadamente cada una de estas etapas. Las economías de escala creadas a través de la integración vertical y/u horizontal en una APP pueden significar ahorros considerables para el sector público, ya sea a través de una estructura de administración simplificada o a través de la mitigación del riesgo de divergencias entre los diferentes contratistas involucrados en el proyecto. 

Artículo 19. Servicios y tecnologías de salud en el Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo. El Modelo de salud prevé los servicios y tecnologías de salud que responden a las necesidades de las personas, familias y comunidades desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos y la muerte digna, de manera integrada e interdependiente y que se adecuarán según género, etnia, curso de vida, discapacidad u otras condiciones poblacionales y territoriales.

Los servicios y tecnologías de salud comprenden los usados en la prestación de servicios de salud, y los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta la atención en salud y las capacidades del talento humano requerido, para garantizar su disponibilidad y mejorar su acceso. Incluye medicinas y terapias alternativas y complementarias, formas propias de cuidado y salud popular, campesinas, étnicas, interculturales, tradicionales, y ancestrales, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 20. Servicios Farmacéuticos. Los servicios farmacéuticos hacen parte de los servicios y tecnologías en salud, orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud, y deberán garantizar el acceso a la dispensación en zonas rurales y de difícil acceso. Los servicios farmacéuticos independientes que realicen dispensación ambulatoria de tecnologías en salud a los usuarios en establecimientos farmacéuticos, se considerarán gestores farmacéuticos y, como servicios de salud, hacen parte del Sistema de Salud.

Todos los Gestores farmacéuticos (droguerías y operadores logísticos autorizados para ello), deberán inscribirse y demostrar ante las secretarías de salud departamentales o distritales, o la entidad que tenga a cargo, la capacidad tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y la capacidad técnica-administrativa, en los casos y términos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, elaborará la política farmacéutica nacional en los términos dispuestos en la Ley 1751 de 2015. El Ministerio de Industria y Comercio participará en la formulación de la política, en el marco de su competencia.

Parágrafo 1. Las instituciones encargadas de la prestación de servicios farmacéuticos harán uso de las tecnologías de la información de manera eficiente, ágil y expedita. En caso de presentarse e identificarse negligencia en la prestación del servicio, se dará aplicación del régimen disciplinario y sancionatorio de la presente Ley.

Parágrafo 2. Las Gestoras de salud y vida y los Centros de Atención Primaria en Salud harán la gestión y articulación de los servicios farmacéuticos en los territorios para la gestión en salud, de tal manera que se garantice progresivamente la eliminación de barreras de acceso a los medicamentos, incluyendo la dispensación a domicilio sin prejuicio de la entrega presencial.

El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la dispensación a domicilio gratuita a la población vulnerable en condición de discapacidad y/o movilidad reducida o con condiciones y situaciones que lo requieran; así como el cobro por el servicio logístico a quienes no cumplan con el requisito de exención del pago.

Parágrafo 3. Se procurará la entrega de la totalidad de los medicamentos formulados a los pacientes, con el fin de evitar múltiples desplazamientos para los mismos. Cuando la entrega de medicamentos se efectué por partes, serán el prestador, el proveedor farmacéutico y el CAPS quienes coordinarán el mecanismo para notificar y dispensar al usuario de los medicamentos con la misma autorización médica.  En ningún caso se pondrá la carga administrativa al paciente.

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